¿Quién investiga a quienes reprimen en Ecuador?
La represión estatal durante las recientes protestas en Ecuador ha dejado una estela de dolor, indignación y preguntas urgentes. Con un fallecido —presuntamente a manos de las Fuerzas Armadas— y decenas de detenidos, surge una interrogante que el país no puede evadir: ¿quién investiga, de manera imparcial, a los mismos organismos que reprimen?
La credibilidad del sistema judicial vuelve a estar en entredicho. En momentos como este, reforzar la independencia y la transparencia de la justicia no es una opción, sino una necesidad democrática.
¿Protesta social o terrorismo? Un debate peligroso
Frente a la disidencia, el gobierno ecuatoriano ha intentado etiquetar las protestas como actos de “terrorismo”. Este discurso no solo es equivocado, sino profundamente peligroso.
1. Es un derecho constitucional.
La Constitución del Ecuador (Art. 66) reconoce la protesta social como un derecho fundamental. Además, el Art. 98 consagra el derecho a la resistencia, que faculta a la ciudadanía a oponerse pacíficamente ante abusos del poder.
2. Una definición legal distorsionada.
El terrorismo implica actos de violencia orientados a generar terror o forzar al Estado. Una manifestación pacífica, aunque cause incomodidad o afecte el orden público, no encaja en esa definición.
3. Una amenaza para la democracia.
Criminalizar la protesta equivale a silenciar la crítica y justificar respuestas represivas. Es un camino que debilita las libertades civiles y erosiona el Estado de derecho.
Estigmatizar la protesta pacífica como terrorismo no solo es un error jurídico, sino un ataque directo a los cimientos de la democracia.
¿Puede el Estado juzgarse a sí mismo?
Cuando jueces y fiscales —funcionarios del Estado— investigan hechos en los que los presuntos responsables son militares o agentes estatales, se produce un conflicto evidente: el Estado se convierte en juez y parte.
Esa doble condición pone en duda la imparcialidad judicial. ¿Cómo confiar en una investigación donde quienes imparten justicia dependen de la misma estructura que podría estar implicada en los abusos?
En casos de represión o violaciones de derechos humanos, la justicia requiere mecanismos verdaderamente independientes que garanticen transparencia y credibilidad. Sin ellos, el riesgo es claro: que la justicia proteja al poder en lugar de proteger a los ciudadanos.
La independencia judicial no solo debe existir, sino también parecer evidente. Solo así el Estado podrá demostrar que su justicia no es cómplice, sino garante de la verdad.
El Protocolo de Minnesota: un faro para la justicia
Frente a este panorama, el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (ONU) ofrece una herramienta clave para garantizar investigaciones efectivas e imparciales sobre muertes causadas por agentes del Estado.
Su aplicación en el contexto ecuatoriano permitiría:
- Transparencia: un proceso auditable desde el inicio.
- Objetividad: recolección de pruebas basada en criterios científicos, no en intereses políticos.
- Independencia: un marco neutral que obliga al Estado a seguir la evidencia, no la narrativa oficial.
Conclusión: imparcialidad o impunidad
Ecuador enfrenta una prueba decisiva para su democracia. La imparcialidad en la investigación de los abusos no es un tecnicismo jurídico: es la frontera que separa un Estado de derecho de un Estado de facto.
Aplicar con rigor instrumentos como el Protocolo de Minnesota es esencial para reconstruir la confianza ciudadana. La sociedad ecuatoriana —y la comunidad internacional— deben mantenerse vigilantes.
Exigir justicia hoy es garantizar que el precio de la protesta no sea la impunidad de la represión.
💬 Tu voz importa
¿Qué opinas sobre la imparcialidad del sistema judicial en casos donde el Estado está implicado?
¿Crees que Ecuador debería aplicar el Protocolo de Minnesota para asegurar justicia?
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Esta es una publicación con fines informativos de: austrolegal.com
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