MÁS ALLÁ DE LA SUSPENSIÓN O DESTITUCIÓN A JUECES CORRUPTOS.

La corrupción en el sistema judicial ecuatoriano ha alcanzado proporciones alarmantes, poniendo en tela de juicio la integridad de aquellos que deberían ser los guardianes de la justicia. La conexión entre ciertos jueces, fiscales y el crimen organizado no solo socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado, sino que también permite que actividades ilícitas se desarrollen con impunidad.

Transparency Internacional, segun el Informe Global de Corrupcion 2007 publicó lo siguiente:

“La corrupción está socavando las bases de los sistemas judiciales a nivel mundial, negando a los ciudadanos el acceso a la justicia y el derecho humano básico a un juicio imparcial y justo, o incluso a veces, simplemente a un juicio…”

Transparency Internacional 2007

CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA JUDICIAL ECUATORIANO.-

Uno de los casos mas sonados en Ecuador se dio el 24 de junio de 2025, cuando la sociedad ecuatoriana recibía la noticia de la Resolución del Consejo de la Judicatura, en el EXPEDIENTE DISCIPLINARIO MOTP-0965-SNCD-2024-MA, que marcaba la destitución unánime de un grupo de jueces, basada en un informe motivado elaborado el 12 de noviembre de 2024.

Es así que los Abogados Manuel Jesús Zhapán Tenesaca, Wilson Patricio Landívar Lalvay y Rafael Marcos Arce Campoverde, son destituidos por sus actuaciones como Jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Machala, provincia de El Oro, quienes habían declarado inocentes a Daniel Salcedo, su hermano y otros acusados en uno de los casos más emblemáticos de corrupción durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Aquella decisión, dejó perpleja a la opinión pública, encarnando lo que muchos consideraron un desprecio por la justicia y la seguridad jurídica en el Ecuador.

La sanción alcanzó también a Jorge Salinas, Oswaldo Piedra y Manuel Mejía, magistrados de la Sala Penal de la Corte Provincial de El Oro. En su acompañamiento, la determinación de destitución giraba en torno al concepto de «error inexcusable», por lo que, se configuraba la infracción gravísima prevista en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. A medida que se conocía la noticia de la destitución de los jueces, también resonó la condena de la Corte Nacional de Justicia, que sentenció a Daniel Salcedo y su hermano a 13 años de cárcel.

Este episodio, sin duda, se convertirá en un capítulo de enseñanza para actuales y futuros magistrados, recordándoles que su papel no es solo administrar justicia, sino ser custodios del bienestar de la sociedad.

¿POR QUÉ NO BASTA CON DESTITUIR O SUSPENDER?

1. Solución superficial: La destitución o suspensión puede parecer una medida rápida y efectiva, pero en realidad, es solo un paliativo temporal. Muchas veces, estas acciones no abordan las raíces del problema, que son las fallas estructurales del sistema judicial, los incentivos políticos y económicos, y la cultura de impunidad que puede rodear a los casos de corrupción.

2. Falta de reformas profundas: Estos procedimientos aislados no garantizan cambios significativos en la cultura judicial. Es urgente mejorar la selección, capacitación y regulación de los jueces, así como fortalecer los mecanismos de control y transparencia.

3. Impunidad y sensación de impunidad: La destitución, si no va acompañada de investigaciones detalladas y sanciones ejemplares, puede generar una falsa sensación de justicia. Además, si los culpables no enfrentan verdaderas consecuencias, se perpetúa la percepción de que la corrupción tiene un costo mínimo.

4. Contexto político y social: Los poderes políticos aumentan su influencia en procesos judiciales, y para jueces que se resisten a estar comprometidos en sus fallos, la represalia política puede ser intensa y severa. La eficacia de destituciones o suspensiones puede verse afectada por los intereses políticos o económicos en juego. En algunos casos, estas medidas sirven como cortina de humo para desviar la atención o satisfacer demandas públicas, sin que exista un compromiso real con el combate a la corrupción.

5. Falta control para prevenir otros delitos: Falta de implementación de controles rigurosos externos (organismo independiente) para prevenir el testaferrismo y/o enriquecimiento ilícito que podría existir en ciertos integrantes del sistema judicial.

Es importante comprender que la corrupción judicial no se limita a la actuación individual de un juez. Es un sistema complejo que involucra interacciones entre diversos actores: abogados, políticos, y en ocasiones, ciudadanos comunes que buscan obtener una ventaja indebida sobre otros. La lucha contra la corrupción es, en última instancia, una lucha por la dignidad y la justicia, donde cada ecuatoriano tiene un papel que desempeñar.

¿QUE OCURRE CON LAS VICTIMAS DE SENTENCIAS JUDICIALES CORROMPIDAS?

Por otro lado, las víctimas de corrupción por sentencias judiciales corrompidas enfrentan un dilema aún mayor. No solo sufren las consecuencias de decisiones injustas, sino que muchas veces quedan atrapadas en un sistema que no les ofrece reparaciones adecuadas. La restitución de sus derechos, la compensación por daños y la garantía de que tales situaciones no se repetirán son aspectos fundamentales que deben ser abordados. Es necesario que el Estado implemente mecanismos claros y agiles para que las víctimas puedan reclamar reparación por las injusticias sufridas.

Esto implicaría no solo un reconocimiento del Estado por el daño causado, sino también un esfuerzo consciente por restaurar la confianza en el sistema judicial. Las víctimas deben ser escuchadas y sus historias deben ser visibilizadas para que la sociedad entienda el alcance del problema.

EN CONCLUSIÓN.

La corrupción existente en la Función Judicial del Ecuador, es un problema complejo que demanda soluciones efectivas. Con la implementación de controles adecuados, auditorías transparentes y un compromiso genuino con la ética, es posible recuperar la confianza en el sistema judicial y garantizar que la justicia sea un pilar firme de la sociedad ecuatoriana, libre de influencias corruptas. Solo así podremos aspirar a un futuro en el que la justicia realmente prevalezca.