El sueño de cada persona es superarse, llegar a tener una profesión y ser útil a la sociedad. Con esta motivación decidí embarcarme en la carrera de Abogado, aspirando a contribuir al funcionamiento del Poder Judicial y ayudar a obtener el sueño de la justicia tan anhelado por los ciudadanos. Sin embargo, mi travesía en el mundo del Derecho me llevó a enfrentar una realidad que nunca imaginé: las grandes falencias del sistema judicial ecuatoriano.
PUEDE HABER JUSTICIA EN ESTAS CONDICIONES?
Lo que debería ser un camino hacia la justicia se transforma, en ocasiones, en un laberinto de corrupción, aunque debo aclarar que la corrupción no solo se limita a la esfera judicial en el país.
El Consejo de la Judicatura, órgano encargado de la administración y disciplina de la función judicial, debería ser una instancia de esperanza. Aunque sus funciones se limitan a evaluar jueces, gestionar concursos de méritos y oposición, e imponer sanciones, se ha convertido en un nuevo eslabón de la cadena de corrupción. Este se percibe como un brazo ejecutor del gobierno de turno, lo que evidencia la falta de una verdadera división de poderes en el Estado. En una auténtica democracia, esta separación es vital para evitar abusos de poder.
Las Direcciones Provinciales de la Judicatura generalmente se reparten como cuotas políticas, cuyos encargados son quienes inducen a los magistrados a fallar en juicios de acuerdo a sus conveniencias. Este ciclo de corrupción se perpetúa, generando desconfianza en una ciudadanía que ve cómo sus denuncias caen en el vacío.
La denuncia pública de una jueza que se vio presionada para emitir una sentencia favorable a una Ministra de Trabajo es un ejemplo desgarrador de cómo el sistema opera en contra de la justicia.
Por otro lado, el temor a represalias es real. Denunciar a un mal funcionario judicial equivale a convertirse en su enemigo. Si vuelve a solicitar sus servicios, ese mal funcionario buscará la manera de perjudicar al denunciante, generando un ciclo de miedo y desconfianza que desanima cualquier intento de hacer lo correcto.
Muchos peritos, tanto civiles como policiales, se alinean en los procesos judiciales con sus amistades o con aquellos que poseen poder económico, entregándose a prácticas corruptas por coimas; son quienes elaboran informes parcializados que son la base sobre la cual se construirán sentencias, dejando a un lado la verdadera búsqueda de justicia. En este complejo entramado, también hay peritos acreditados en la Función Judicial que carecen del conocimiento necesario para validar sus informes, lo que genera un círculo vicioso de impunidad y desconfianza.
La corrupción de ciertos abogados que engañan a sus clientes, exigiendo sumas de dinero bajo la promesa de ganar casos, para luego abandonar los procesos, perjudicando a aquellos que confiaron en ellos; en cambio, otros abogados en complicidad con jueces, aparentan llevar un proceso normal mientras la sentencia ya está preparada, esperando únicamente el momento propicio para su publicación.
Es alarmante el accionar de ciertos malos funcionarios policiales encargados de proteger a la ciudadanía, estos actúan como verdaderos grupos delincuenciales, extorsionando tanto a víctimas como a acusados. La corrupción también incluye intermediarios ajenos a la Función Judicial que, cual parásitos, pululan en las instituciones y sirven como nexos en las Cortes de Justicia y Juzgados, comerciando con sentencias.
Un tema que también merece atención es la forma en la que los vehículos que han sido retenidos por algún problema legal y tienen que ingresar a los garajes o canchones del Estado, por lo general terminan siendo desmantelados, perjudicando a los usuarios y convirtiéndose en un problema recurrente que ha sido normalizado en la percepción de la ciudadanía. Nadie se atreve a denunciar estas irregularidades, pues hacerlo implica tiempo y dinero sin garantía de resultados positivos.
LA INSEGURIDAD EN EL PAIS TAMBIEN AFECTA LA JUSTICIA.
La inseguridad en nuestro país ha llevado a jueces, fiscales y abogados ser víctimas de extorsiones e incluso de asesinatos. La presión de los grupos delincuenciales organizados se ha hecho insostenible y ha provocado que muchos profesionales del derecho abandonen su patria o se alejen de la profesión.
CALIFICACION DEL USUARIO DE LA FUNCION JUDICIAL.
En otros momentos de nuestra historia democrática, existió una valoración del usuario hacia la Función Judicial, donde la atención al ciudadano era prioritaria. Hoy, esa visión parece desvanecerse entre las sombras de la corrupción. Se deberia retomar esa valoracion, así quienes integran la judicatura conocerían de fuente directa el sentir ciudadano hacia la institucion.
EL PAIS NECESITA UNA VERDADERA JUSTICIA
Si bien es cierto que cada día surgen nuevos desafíos en el ámbito legal, es imperativo que como sociedad luchemos por la transparencia y la ética en nuestras instituciones. La corrupción no solo diluye el anhelo de justicia, sino que socava las bases de nuestra sociedad. El camino hacia la transformación de nuestro sistema judicial es difícil, pero no imposible. Se requiere de un compromiso colectivo que ponga fin a estas prácticas y restablezca la confianza en la ley.
EN CONCLUSION
El sueño de ser un abogado se encuentra hoy en un cruce crítico. La verdadera abogacía debe ir acompañada de un compromiso con la justicia, la verdad y la ética profesional. Es hora de que la sociedad se movilice y exija cambios reales y palpables en un sistema que, hasta ahora, se ha visto lastrado por la corrupción y la falta de integridad. Solo así podremos soñar con un futuro donde la justicia no sea un lujo, sino un derecho fundamental para todos
Esta es una publicación con fines informativos de: austrolegal.com
Tambien te podria interesar:
